En América Latina, el sector eléctrico ha vivido una profunda transformación. Muchos países han elaborado nuevos sistemas reguladores, como Chile en 1982, Argentina en 1992, Perú en 1993, Bolivia y Colombia en 1994, Brasil y los países de América Central, como Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, en 1997.
Para los gobiernos locales se ha vuelto extremadamente importante relanzar el papel del sector privado en la gestión de la transmisión de energía eléctrica y desvincular el mercado del control público.